Al fondear la yola: ¿Llovera café?

Abstract

Como se ha evidenciado en este análisis, la migración dominicana indocumentada sigue aumentando, mientras se agudiza la crisis económica tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico. La conjunción de estos factores ha producido visiones altamente conflictivas en torno al migrante dominicano en Puerto Rico. Partiendo de las opiniones vertidas en cientos de entrevistas que hemos realizado entre los migrantes, distinguidos científicos sociales dominicanos y representantes de diversos sectores oficiales y conscientes de las circunstancias que motivan a nuestros hermanos antillanos a emigrar y de la necesidad que tienen los caficultores y otros agricultores puertorriqueños de contar con la mano de obra dominicana para que no se les pierdan las cosechas, hacemos la siguientes recomendaciones de política pública: Se desarrolle una campaña en los medios de comunicación masiva en Puerto Rico, dirigida a corregir la imagen distorsionada de la totalidad de la migración dominicana a la Isla. En la misma se pueden destacar las aportaciones de la comunidad profesional dominicana en la isla y de los trabajadores del sector agrícola y de servicios.

Se establezca un programa de orientación a los trabajadores indocumentados en torno a sus derechos civiles y otras situaciones que pudieran afectarlos en Puerto Rico.

Se impulse una campaña de divulgación en la República Dominicana sobre la situación económica en Puerto Rico y la situación real que viven los dominicanos en la isla, para desmitificar la creencia de abundancia y bienestar material inmediatos propaganda por los migrantes de retorno y los traficantes de indocumentados. La misma tendría el fin último de desalentar la migración masiva en yola y evitar sus riesgos en la travesía y sus consecuencias inesperadas en el establecimiento del migrante en la isla.

Se establezca un programa de orientación promovido por las autoridades dominicanas en Puerto Rico para ofrecerle apoyo a las familias dominicanas, en particular a los niños y jóvenes en edad escolar que se integran al sistema de educación pública en la Isla. Este programa debe concertarse a través de entidades como el Consulado de la República Dominicana, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Educación Pública y otros organismos públicos y privados, tanto en la República Dominicana como en las comunidades dominicanas en Puerto Rico.

Aunque entendemos que sería preferible no tener que implantar un programa que tenga visos de los llamados programas de braceros (por ejemplo de mexicanos, puertorriqueños y haitianos) opinamos que la existencia de un acuerdo oficial podría facilitar ciertos controles y protecciones que ahora no existen. Por lo tanto, recomendamos se ausculte la posibilidad de establecer un proyecto piloto inter-gubernamental para traer trabajadores agrícolas dominicanos por temporadas a laborar en las fincas de Puerto Rico. El mismo deberá garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, un salario mínimo adecuado, vivienda y servicios médicos para los participantes. A la misma vez, deberá proveer los controles y mecanismos pertinentes para garantizar el retorno anual de los trabajadores a su lugar de origen, y así evitar el desplazamiento de otros trabajadores puertorriqueños en otros renglones de la economía. Con el fin de viabilizar el cumplimiento de dichos acuerdos, se sugiere la intervención y evaluación continua de un panel de observadores bilaterales, expertos en derecho laboral y en derechos humanos en general, que tengan acceso a las fincas y a los trabajadores. Dependiendo de las recomendaciones que hagan estos observadores el convenio cesaría o se prolongaría indefinidamente, pero estaría sujeto a una evaluación permanente.